Este mediodía, el Congreso de los Diputados aprobó la ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Un texto que viene a reconocer que los dos millones de españoles en el exterior son ciudadanos como los demás españoles, a efectos administrativos. Ciudadanos que contribuyen a diario al crecimiento del prestigio internacional de España, como verdaderos embajadores. Con dignidad, ocupan toda la escala social, reflejando fielmente en el exterior la realidad de la propia sociedad española.

A raíz de la emigración económica y del exilio político, sigue existiendo una fuerte presencia de españoles en el extranjero, completada por nacimientos y nuevos flujos de movilidad profesional. Forman un colectivo importante que a menudo queda alejado del enfoque mediático en España. Hoy, el Parlamento ha aprobado una ley fundamental, que reconoce y asienta derechos para estos ciudadanos de España que a diario se mueven por calles de todo el mundo.

La Ley del Estatuto de la Ciudadanía en Exterior sustituye una norma preconstitucional, la antigua Ley de Emigración, del año 1971. Con esto, pasamos una página en la terminología del Estado. Hoy, el léxico incorrecto y paternalista de emigrantes queda sustituido por el de ciudadanos, ciudadanos españoles en el exterior, pero ciudadanos como los demás españoles. La Ley, destinada a todos los residentes en el extranjero, reconoce entre sus beneficiarios también a los nacidos fuera de nuestras fronteras, que jamás emigraron, y que en la actualidad ya forman las dos terceras partes del colectivo en el exterior. Una nueva terminología que también ayudará a evitar confusiones cada vez más llamativas y problemáticas entre las palabras emigración e inmigración. En los medios y en la propia boca de políticos, cada día se mezclan ambos términos. Algunas veces por error casual, muchas otras por ignorancia de la diferencia entre los dos conceptos.

Base para ir más lejos

La ley es buena y útil. Había una demanda, que hoy queda atendida. Pero no es una meta. Más bien diría que es un punto de partida. Abre una nueva etapa en la historia de los ciudadanos españoles en el exterior. Hoy hemos puesto las bases para ir más lejos. Ahora no debemos parar. Con más fuerza y adoptando una visión abierta, tenemos que insistir en el anhelo de un colectivo más presente en la vida política y democrática de España.

En esta ley, que se centra en derechos socio-laborales y temas administrativos, no pudieron caber muchos aspectos institucionales. El texto no contempla pues la representación parlamentaria de los residentes en el exterior. Sencillamente porque previamente es necesario completar la Constitución. Un proceso que al parecer está en la mente de muchos y que tiene sus posibilidades.

En democracia representativa, concepto compuesto por representados y representantes, es llamativo que casi dos millones de ciudadanos españoles no tengan representantes directos en el Parlamento. Pero en el actual sistema español, lamentablemente, es así. Los ciudadanos en el exterior solo son representados. No tienen voz en el Parlamento, ningún diputado o senador que derive verdaderamente de ellos. Si miramos a nuestros vecinos, vemos que Francia, Italia y Portugal sí disponen de la representación parlamentaria de sus residentes en el exterior. España es un país que, al saber que la representación política de sus ciudadanos en exterior constituye una reivindicación histórica, deberá actuar en los próximos años en el sentido de dar respuesta a esa necesidad democrática. Confiemos.

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