El asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, del PP, ha llevado a la luz un problema que suele ser tapado por su poca relevancia fuera del ámbito local. Un tal acto ilegal, que evidentemente nada puede justificar, no deja sin embargo de preocuparme en lo que a sus posibles motivaciones se refiere. Según relataron ayer los medios de comunicación, este señor era odiado por gran parte de la población de su pueblo, por causa de su exceso de autoritarismo y su afán por entorpecer los trámites administrativos básicos de vecinos por los cuales no tenía simpatía. Llegando la situación hasta la más dura pesadilla para algunos. Vecinos que no podían ni echarle de la alcaldía en las siguientes elecciones, debido a que el propio primer edil les negaba el empadronamiento municipal.

Una tal situación, me temo que no sea única en España. Debe haber cantidad de pueblos gobernados por auténticos caciques. Alcaldes todo poderosos, despreocupados por una buena gestión municipal y solamente interesados por lo que del cargo se pueda sacar personalmente, que se salvan una y otra vez de acusaciones públicas colocándose en situación de victima y esgrimiendo una cara de ángel.

Mi pueblo de origen, en Zamora, es pedanía de un municipio cuyo alcalde (PP) es objeto de la más dura crítica de los que se atreven a decir algo. Que si el “cabezón” (así le llaman) no tuviera compradas a dos o tres mentes manipulables y atemorizados a los ancianos que residen todo el año en el pueblo, probablemente el rechazo sería unánime. En las elecciones, sale elegido en cada ocasión gracias al apoyo de su círculo de fieles y de sus técnicas del día de votación: ir a buscar a cada anciano a domicilio, con su coche personal, para llevarlo hasta la urna (lo que pase el coche con papeletas y sobres, ni lo digo). Y llamar personalmente a los que no se presentan en la mesa electoral, para preguntarles porque no van a votar… Así lleva en el cargo desde la dictadura. Los ancianos que viven en el pueblo, si les preguntas porque le votan, te contestan: “si no le votas, hijo, se enfada” o “yo de política no entiendo”. Los demás vecinos, que debido al subdesarrollo de la provincia de Zamora (y de Castilla y León en general) trabajan y residen en Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra, Suiza, Francia o Alemania, cuando vienen el fin de semana o a pasar vacaciones, topan con los mismos problemas: que se ha asfaltado toda la calle (antes de piedras y barro), pero delante de tu casa no. Que sigues sin tener farolas en tu esquina para ver donde pisas. Que el alcalde sigue rechazándote el enganche al agua, tras solicitárselo durante veinte años e incluso tras haber pagado la cuota que te facturó. Que no hay contenedor de la basura en un rayo de 300 metros.

Lo peor, en el caso de este ayuntamiento (lo mencionaré: Rosinos de la Requejada), es que cuando tenías algún problema de poco alcance, todavía podías contar con el servicio al ciudadano que prestaba el único funcionario, el secretario del ayuntamiento. Pero recientemente, el alcalde ha colocado a su hija en el puesto. Ella te conoce y actúa como sabe que su padre quisiera verla actuar. El cabezón lo tiene todo bien atado. A este punto, lanzo una propuesta: la ley debería impedir tales compatibilidades de cargos en el seno de una misma familia.

El único concejal del PSOE me decía un día que, en el pasado, se enteró poco tiempo antes de las elecciones que el alcalde le había sacado del padrón municipal. Cuando me enteré del caso del alcalde de Fago, que no dejaba a la gente empadronarse, no pude que relacionarlo con este otro caso que describo. Situaciones, en definitiva, que llevan a la desesperación de la gente. Una desesperación municipal que, alejada del enfoque mediático en sus fases iniciales, lamentablemente solo sale a la luz pública bien avanzada la crisis.

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