Un artículo de EL PAIS desvela hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acepta traspasar la gestión de las cercanías a todas las Comunidades Autónomas que se lo pidan. Un proceso de descentralización reivindicado tanto por gobiernos autonómicos del PSOE como del PP, por parte de Cataluña como de Madrid. Paralelamente a esta evolución en materia de infraestructuras, que probablemente logre gran aceptación, el periódico informa de que, en el lado opuesto, el PP retomará una vieja idea que propuso en 2004, en ese programa electoral neoliberal que no mereció la aceptación de los ciudadanos: la ‘gran idea’ de Rajoy es privatizar los aeropuertos. Vuelven a las andadas. La derecha defiende las privatizaciones por razones ideológicas neoliberales de las cuales no quiere separarse a pesar de que la propia realidad haya demostrado su ineficiencia y su carácter obsoleto. Pero también las defiende porque les permiten, si las urnas les saca del gobierno, seguir controlando sectores importantes del país desde el sector privado y el capitalismo.

Los tres párrafos que siguen provienen de una intervención del sindicalista Fermín Paz publicada en internet, sobre la privatización del sector eléctrico español. Aunque yo no comparta todo lo que dice, creo que hay elementos interesantes que retomo casi tal cual:

Cuando en 1996 llega el Partido Popular al Gobierno, la derecha tiene todo a su favor y por ello pasa directamente a elaborar un Plan denominado Estratégico de Privatizaciones. A diferencia de Francia donde se aprobó en 1993 una Ley Marco que recogía el proceso de privatizaciones, o en el Reino Unido donde se establecieron leyes concretas para cada una de las empresas públicas. En 1997 se acentúa el proceso y se vende el accionariado de 17 empresas recibiendo el Estado ingresos cercanos al billón de pesetas, casi 5 veces más que el año anterior. Aún queda algo de patrimonio empresarial del Estado, pero el PP lo irá liquidando poco a poco y con ello todos habremos renunciado al papel que el Estado debe tener en los sectores llamados estratégicos como aquellos donde el llamado mercado no llega o no quiere por falta de negocio que además puede y debe mejorar la gestión. Las cuentas públicas presentadas por el PP luego de las ventas de empresas públicas es una mentira de corto plazo y una renuncia a ingresos de futuro que en sectores como el eléctrico estaban garantizados: antes, les permitía a los gobiernos de turno sanear o realizar otras actividades con sus ingresos.

En el ejercicio económico de 1998, se puso a la venta el último paquete de acciones de la única empresa pública del sector eléctrico cuyo valor era 1,05 billones de pesetas. La operación supuso la privatización total de Endesa. Bajo la influencia europea, entre 1985 y 1995 se había vendido el 29,2% en dos operaciones. En el 1997, el PP vendió de un solo golpe el 25%.

A partir de 1998, el suministro eléctrico deja de ser considerado un servicio de titularidad estatal. Red Eléctrica de España deja de ser la encargada de optimizar la explotación del sistema eléctrico y pasa a planificar la red de transporte. Se ha implantado un mercado mayorista que es gestionado por la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, empresa creada a finales de 1997 y privatizada en 1998 por el PP.

Estas privatizaciones y esta toma de control por el sector privado de antiguos servicios de titularidad estatal han causado que, en el ejemplo de la electricidad, con el fin de ahorrar gasto y sacar beneficio sin invertir, las empresas privadas han abandonado la calidad del servicio. Y sobretodo, la garantía de suministro que el sistema público aseguraba. Llegando en varios países hasta extremos como los apagones que protagonizaron la actualidad, el último de ellos el de Barcelona. Posiblemente la derecha vocifere en pro de la menor descentralización del Estado para poder venderlo mejor durante sus periodos de gobierno. Unos servicios unificados se venden cómodamente, de un solo golpe. Al haber privatizado a toda velocidad los servicios eléctricos estatales, el PP sacó partido de ellos (Endesa la dirige un tal Manuel Pizarro, ferviente cómplice de las posiciones neoconservadoras). Ahora, quiere hacer lo mismo con los aeropuertos: hacerse con su control, desde el sector privado. Y el día que, por haber querido las empresas privadas sacar mayor beneficio económico, surjan problemas debido al mal estado de las infraestructuras, el día que haya accidentes graves, un PP en la oposición siempre podrá acusar a un socialista Zapatero de tener la culpa de todo. Al igual que hizo con el apagón de Barcelona, intentando trasladar la responsabilidad de la privatizada Endesa sobre los hombros del Gobierno, cuando el Estado no tenía nada que ver.

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