Me indigna un asunto que he conocido a través de El País y La Voz de Galicia. Trabajadores españoles en Portugal están siendo sometidos a un auténtico acoso por parte de las autoridades lusas, sencillamente por tener su vehículo matriculado en España y no en Portugal. “Cada mañana [la brigada fiscal] sale de la comisaría y se pone a anotar matrículas. Sigue a las mujeres al supermercado, olfatea a la salida del Instituto Español, no se arruga ni ante la Embajada. Cuando sabe que el conductor no está de vacaciones sino viviendo en Portugal, el agente da el alto y aplica a machamartillo el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre Vehículos (ISV) de 29 de junio de 2007”, informa El País.

Los afectados entrevistados por la prensa española explican que el trámite puede costar entre 3.000 y 15.000 euros, superando a veces el valor del propio vehículo. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud Españoles en Portugal (APSEP), se dicen “artos de ser tratados como delincuentes” por agentes que, al parecer, demuestran una dedicación exhaustiva al asunto. Estos españoles son profesores, altos directivos, militares de la OTAN y trabajadores de la sanidad. Más de 3.000 médicos y enfermeros españoles obran en tierras lusas. Muchos de ellos son gallegos. Con la convocatoria de miles plazas en la sanidad gallega por primera vez en 15 años, numerosos son los que preparan su retorno a su tierra. Y otros lo harán en los próximos años, ya que la Xunta, que preside Emilio Pérez Touriño, completará su oferta. En junio, el Gobierno portugués había reconocido el grave problema de la inminente fuga de médicos españoles, pero no le veía solución. Hoy, con el tema de las multas, ciertamente nuestros vecinos están dando palos precisamente a quienes necesitan.

La problemática Ley salió hace tan solo unos meses. Lógicamente, en su primer periodo de aplicación pueden surgir puntos merecedores de una corrección. Cabe pues invitar a las autoridades de Portugal a que ofrezcan una solución razonable al problema causado a los ciudadanos españoles, trabajadores de la Unión Europea. Desde España, no podemos irrumpir en asuntos internos de Portugal. Pero los españoles en Portugal son tan europeos como los portugueses en España, a los cuales no se les provoca tales daños innecesarios. Y el Estado español, que garantiza protección y atención a sus residentes en el extranjero, no podrá quedar brazos cruzados ante el problema, que por otra parte pone en entredicho la libre circulación europea.

Anuncios