Que la sociedad desvie la mirada. Es lo que pretende el PP al alimentar las sospechas sobre las actuaciones del juez Baltasar Garzón. Del debate público ¿puede la Justicia investigar una trama de corrupción que afecta a la derecha española?, se ha pasado a la pregunta ¿puede un juez ser juzgado? No hay más que echar un vistazo a los titulares de la prensa.

La respuesta a la segunda interrogación es que sí, evidentemente. Nadie lo niega. A cambio, la respuesta a la primera pregunta ya no está tan clara. Sentar a la derecha en el banquillo de los acusados, pensar que hay indicios de corrupción en el gobierno valenciano, pensar que hay una trama de chorizos en el PP que sube hasta el despacho vecino al de Rajoy: todo esto parece estar prohibido.

Cuando la Justicia quiso investigar a políticos de izquierdas que se equivocaron, pudo hacerlo. Y los condenó. Hoy, a la Justicia se le frena los pies antes de que haya podido pronunciar la primera palabra en contra del PP. Aquí pasa que esta derecha española ultraconservadora sigue siendo la misma que hace décadas y no está acostumbrada a sentarse en el banquillo. En los años setenta, para favorecer sí o sí la Transición y el restablecimiento de la democracia, no hubo en España ningún juicio como el de Nuremberg con los nazis. Tampoco se fusiló al dictador como ocurrió en Italia. Ni se le colgó como en Rumania.

Baltasar Garzón, que ha forjado la reputación internacional de la Justicia española como una institución seria y valiente, acabará saliendo crecido de esta vergonzosa pesadilla. Pero mientras tanto, lo que ocurre es que el proceso judicial que salpica al PP está medio paralizado y el que posiblemente sea el mayor escándalo en la historia de ese partido está casi en el olvido. De todos nosotros depende que en España las cosas funcionen y que los listillos sonrientes que se han forrado cerdamente la paguen de una vez.

Anuncios