Quitar el sueldo a los parlamentarios. La idea va propagándose por España como la pólvora, las últimas semanas, después de que la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal (PP), lo haya previsto para el 2013. De corte claramente populista, la propuesta pone en entredicho el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Curiosamente, en la conservadora Suiza se está observando una tendencia opuesta. Los parlamentarios federales helvéticos funcionan bajo un régimen llamado de “milicia”, que consiste en asumir un cargo público de forma benévola, extra-profesional y honorífica, sin por ello cobrar más que una indemnización. La mayoría de los diputados federales suizos ejercen o deberían ejercer una actividad profesional al lado de su tarea parlamentaria.

Sin ser tan extremista que la Doña Cospedal, el ultraderechista “Partido del pueblo/Unión democrática de centro” (SVP/UDC) propone limitar en Suiza el sueldo de la actividad política al 30% del total de ingresos de cada parlamentario. El promotor de la idea, el exministro Christoph Blocher (estratega populista y vicepresidente del SVP/UDC), es conocido por ser uno de los empresarios más ricos del país. Representantes políticos con una renta como la suya no necesitan sueldo parlamentario. En el fondo, para las grandes fortunas, limitar el sueldo de la política a un 1% de los ingresos también sería aceptable. El diario 24 heures se preguntaba ayer cómo una madre ama de casa podría acceder a la función de diputada en tales condiciones restrictivas.

Existen estudios de ciencia política que ponen de relieve las redes de intereses de los políticos, es decir sus conexiones con el mundo de la economía a través de los puestos en los consejos de administración. Ser miembro de tal órgano de una empresa concede una remuneración interesante a cambio de muy poco trabajo. Un sindicalista que pasa la mitad de su tiempo trabajando en el sindicato no tendrá más que la otra mitad para estudiar y preparar correctamente los temas políticos que pretende defender como político de izquierdas. Un diputado de derechas miembro del consejo de administración de una gran compañía pasa poco tiempo ganándose la vida en su cómoda butaca empresarial para dedicar la casi totalidad del día a sus carpetas parlamentarias.

“Desde hace más de treinta años, estudios universitarios demuestran que el modelo de milicia no es más que una ilusión”, indicaba ayer el diario Le Temps, citando una tesis del 2011. Según fuentes del rotativo Tages-Anzeiger, ningún senador suizo logra dedicar menos del 30% de sus horas laborales a la política. Y en la cámara baja federal, únicamente uno de cada siete diputados puede ser considerado como “político miliciano”, debido al aumento de la carga de trabajo parlamentario.

La reflexión suiza es interesante para España por situarse al opuesto. Tras comprobar los límites de la política no-profesional, la Confederación helvética estaría considerando poco a poco una mayor cuota de profesionalización de la política.

Si los parlamentarios del Partido socialista defienden esta opción para que todo ciudadano pueda acceder a la misma y no solamente los ricos, lo interesante es que representantes de la derecha también empiezan a subirse al carro, por razones distintas. En filas de la derecha liberal-conservadora tradicional y del centro-derecha democristiano, se ha observado nítidamente la dificultad de conciliar actividad política creciente con dirección de un gabinete de abogados o de una PYME, donde tienen que contratar a alguien para sustituirles (teniendo que asumir el coste de esta contratación).

El modelo de “milicia” favorece claramente a los parlamentarios que disponen del mayor tiempo libre en su faceta profesional: básicamente aquellos que pueden trabajar a tiempo parcial sin ver afectado su nivel de vida, es decir los que cobran un sueldo elevado.

Resumiendo, cabe subrayar que una actividad política sin sueldo favorece a los partidos de derechas. A los de izquierdas, puede dejarlos paralizados. Esto explica que Cospedal actúe como actúa: ahorrar el sueldo de los parlamentarios regionales de Castilla-La Mancha no representa una medida significativa para el presupuesto de la Comunidad Autónoma, pero si proyecta una imagen impactante en la ciudadanía, otorgando a la presidenta un estatus de mujer valiente que lucha contra supuestos privilegios que en realidad no lo son. La presidenta regional está apuntalando la credibilidad y la honradez de una función fundamental que exige una dedicación que, como todo trabajo, merece su justa remuneración. De no ser así, cada vez serán menos las personas preparadas que se lancen a la arena política para defender los derechos de los ciudadanos y prestaciones como la Ley de dependencia o las pensiones de los ancianos con las que están sobreviviendo muchas familias apaleadas por la crisis.

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