Quedan menos de cuatro meses para las elecciones generales y la participación democrática de los españoles en el exterior sigue aniquilada por la modalidad de voto rogado, reconocida ya por todos como un error. A finales de año, el residente en el extranjero tendrá que volver a pasar por la maratón administrativa que supone solicitar por escrito su material de voto por correo, cuando antes del año 2011 lo recibía lógicamente de oficio, al ser improbable el despliegue de urnas españolas en un colegio de su barrio.

La situación sufre una permanente degradación a medida que los meses se convierten en años. Observando la consolidación de la desatención política, los electores en el exterior dejan de confiar en los partidos y en unas instituciones estancadas. El voto exterior ha decaído del 31,7% en las elecciones generales 2008 al 4,96% en 2011, ya con el voto rogado. Ha seguido su derrumbe hasta alcanzar el insignificante 1,83% en las europeas 2014 y un desastroso suelo del 0,6% registrado en Canarias en las autonómicas del mes de mayo.

A esto se añade el tinte inconstitucional del voto rogado. Si bien el artículo 68.5 de la Constitución Española establece que “la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”, en la práctica se comprueba lo contrario: el Estado complica la participación hasta el extremo de impedirla. Y lo hace en el momento más inoportuno, ya que desde que comenzó la crisis, el censo de la diáspora ha aumentado un 53% (1.205.132 electores en las generales 2008, 1.848.296 electores censados en junio 2015).

Es necesaria una reforma electoral rápida y consensuada, restableciendo la ley en vigor antes del año 2011. Dramática e inexplicable resulta la pasividad del gobierno que, para esta medida, tiene garantizado apoyo parlamentario casi unánime.

En este contexto, causa estupor que el PP pretenda reformar la ley electoral en lo que queda de legislatura obviando esta urgencia para en su lugar volver a plantear que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, idea rotundamente rechazada por otras fuerzas. Los españoles en el exterior, que en varios países gozamos de sistemas públicos con cultura de pacto político, observamos en España nuevos gestos destinados a limitar libertades. Y lamentamos reiteradamente nuestra condición de meros espectadores de un juego del que estamos excluidos. En países vecinos, la diáspora tiene diputados y senadores propios para defender sus derechos, incluso el más fundamental que es el ejercicio del voto.

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