Pasqual Maragall tenía razón cuando soltó a Artur Mas que “Uds. tienen un problema que es el 3%”. El PSC ponía el dedo en las sospechas de financiación ilegal de Convergència. Por lo visto esa denuncia pública no fue suficiente para sonrojar a nadie. Incluso pidieron más fondos (ya se sabe que no fue precisamente por el incremento del coste de la vida). Las mordidas pasaron al 4% y se las cobraron a entidades públicas, robando un dinero procedente de los impuestos abonados por la ciudadanía. Igual esas cuantías que se fueron a Convergència podían haber pagado unas sillas más en tal aeropuerto, unas camas más en tal hospital, un asfalto más silencioso en tal autopista, un mayor grado de reciclado de residuos urbanos, o entradas más asequibles para escuchar en vivo tal sinfonía de Beethoven en Barcelona. En vez de eso, se habrá ido en sobres o en campañas para renovar cargos que otorgan buenos sueldos a gente que no parece dar la talla.

Si alguien piensa que la independencia de Cataluña le eximiría de responsabilidades jurídicas o le permitiría desenvolverse a sus anchas, se equivoca. Lo que es delito aquí lo seguiría siendo en cualquier configuración.

El edificio Convergència identificaba tanto vicio que tuvieron que derrumbarlo. Lo han sustituido por el inmueble nuevo PDeCAT (pésima marca, pero es un problema de otra índole). Y allí dentro están ahora los arquitectos de Convergència, que siguen activos. Ellos –no solamente el logotipo– son la viva identificación de las sospechas en las que hoy está trabajando la Justicia. Aunque se resistan, tendrán que cambiar los protagonistas: tendrán que irse sí o sí los que diseñaron el edificio derrumbado, si no quieren que a medio plazo solamente quede de su legado un abrasado solar.

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