Esa noche, el calendario marca 25 de mayo de 2003. El PP acaba de perder la mayoría absoluta en las elecciones regionales madrileñas. Un PSOE impulsado por primera vez por Zapatero se prepara a que su candidato Rafael Simancas se convierta en presidente autonómico con el apoyo de IU. Habrá un cambio concreto en todos los ámbitos de la vida pública y se acabarán negocios para muchos amigos del PP. La derecha no lo admite: tras una probable corrupción, dos diputados de la lista de Simancas se ausentan e impiden la investidura del presidente progresista. Ante al bloqueo, se repiten las elecciones y el PP recupera su mayoría absoluta.

El partido de Aguirre toma nota del susto del 2003 y se arma en consecuencia. Frente a un PSM que llega a la cita electoral del 2007 con propuestas como la gratuidad del abono transportes para jóvenes y mayores, la derecha saca la artillería pesada y tira de billetera: hoy desvela la SER, una década más tarde, que el PP usó 6 millones de euros en vez de los 2,7 que declaró. Financió su campaña con más del doble del límite de dinero permitido por el Tribunal de Cuentas y ese dopaje tuvo un resultado en las urnas: el PP consigue un porcentaje histórico de votos en la Comunidad de Madrid, que se traduce en escaños en la Asamblea regional y de allí en poder para Aguirre. Simancas tira la toalla.

A nivel nacional, el Gobierno de Zapatero endurece la ley de financiación de partidos y se complican las donaciones. En el PP de Madrid la fiesta no se detiene: van a ser más discretos, pero van a seguir haciendo trampa.

En 2011, para evitar la progresión de un PSM rearmado con el nuevo líder Tomás Gómez, el PP de Aguirre retoma su método de guerra sucia y vuelve a aprovecharse de más de 1 millón de euros de dinero negro. Nuevamente compite en situación de superioridad. Así consolida su mayoría absoluta, con la que asegura ingresos privados exprimiendo áreas tan vitales como la sanidad, en la que Gómez iba a hacer limpieza.

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