No se puede frivolizar con la democracia. Su defensa ha costado la sangre de abuelos y bisabuelos. Su ausencia ha conllevado la privación de libertades para todo un país durante casi medio siglo, propiciando el exilio político y la emigración económica de nuestros padres. Algunos hemos nacido fuera de nuestra tierra de origen como consecuencia de esa historia.

Convocar un referéndum de independencia es una decisión de tal calado que requiere previamente un amplio consenso político. No lo hay en Cataluña. Además, hacen falta garantías elementales como un censo electoral oficial, mesas de votación, apoderados, recuento transparente, así como control y arbitraje por una junta electoral. Lo que se ha organizado este 1 de octubre ha sido una chapuza opaca e irregular, usurpando la democracia e ilustrando el escaso nivel de responsabilidad cívica que hay en parte de la ciudadanía.

La sociedad catalana no se merecía una consulta barata ni fanática. Tampoco se merecía amanecer como un país roto, abierto en canal entre 1/3 de ciudadanos independentistas extremadamente motivados y 2/3 de ciudadanos que no comparten ese extremo pero que tampoco están dispuestos a enfrentarse activamente a parte de sus familiares, amigos, compañeros y vecinos, con los que simplemente desean convivir.

Los líderes políticos catalanes que han forzado esta situación sabían perfectamente lo que estaban fomentando. Es un comportamiento irresponsable e inaceptable en democracia.

Puigdemont habló de resistencia pacífica pero la realidad no ha sido tan angélica. Las cargas policiales han sido brutales en exceso. Pero también se han producido innecesarias provocaciones y violencia hacia los policías, que replicaron. Policía Nacional y Guardia Civil tenían una misión inconfortable, cuyo perímetro se desbordó al incumplir los Mossos por la mañana con el preventivo mandato judicial de confiscación de material, que hubiera evitado muchas cargas posteriores. Las imágenes de heridos dieron la vuelta al mundo, satisfaciendo una estrategia de propaganda finamente diseñada en los salones de la Generalitat. Han creado un monstruo y fomentado desorden en vez de promover ideas y cambio político.

Utilizar a los ciudadanos como escudo humano para defender unas ideas minoritarias es tener un pobre concepto de la democracia. Tomen nota las abuelas heridas que esta chapuza ha sido creada para tapar la gangrena de la oligarquía de Convergència, saciar ambiciones personales en ERC y satisfacer las pasiones de la CUP, ambas últimas dos posiciones que nada tienen que ver con el internacionalismo que caracteriza a la izquierda.

En 2015 se han celebrado unas elecciones autonómicas que los independentistas han convocado con carácter “plebiscitario”. No eran un referéndum, pero los líderes de Convergència y de ERC se juntaron dentro de la coalición “Junts pel Sí” defendiendo esa óptica. Sumando a los independentistas de la CUP, consiguieron el apoyo del 47,8% de los electores, frente al 52,2%. En esa misma óptica plebiscitaria, perdieron su apuesta en una convocatoria electoral legal y regular (con censo electoral, mesas y escrutinio garantizado por junta electoral). Así las cosas, no tenían la legitimidad popular ni el aval del pueblo para encarrilar la vía independentista. De hecho, tampoco llevaban la propuesta de referéndum en el programa electoral de “Junts pel Sí”. En el Parlament de Catalunya, forzaron una situación para la que no tenían mandato popular y se excedieron más allá de las competencias que sus instituciones tienen asignadas. En cualquier Estado de Derecho, esta forma de hacer las cosas es improcedente.

De un censo de 5.550.000 personas, apenas 2.020.000 se movilizaron este domingo por la independencia (si es que las cifras de participación no han sido además hinchadas a golpe de opacidad y ausencia de garantías). ¿Qué mayoría social es esa para legitimar algo tan trascendental como la independencia? ¿Qué lógica puede pretender al apelativo de “democracia” cuando impone el sentir de una minoría a una mayoría? ¿Quiénes son unos actores minoritarios de la sociedad para privar de su nacionalidad española y europea a una mayoría de la población?

Incluso en Suiza, que algunos han citado como ejemplo de democracia participativa, un cantón que decidiera irse no podría proceder como pretende hacerlo la Generalitat. Hace unos días, un juez suizo me decía del desafío catalán: “Aquí ninguna institución violaría la Constitución. Ante tal extremo, enviarían al Ejército.” Hay que ser conscientes de lo que se hace y no inventarse realidades inocentes.

En cuanto al gobierno central y su partido, el PP, merecen un cero por su incapacidad de abrir cauces de diálogo y haberse opuesto desde hace una década a las propuestas sensatas que se habían diseñado para responder a las aspiraciones de Cataluña. Han actuado desde las tripas y la lógica de trincheras. Se han adueñado la bandera de España sin la más mínima vergüenza y la han usado de forma partidista. A una semana de un desafío anunciado, mientras crecía a toda velocidad la planta salvaje en el jardín, la regaron con un vídeo cargado de mala hostia. En una rueda de prensa del portavoz del Gobierno en pleno año 2017, se han referido a la Generalitat con el término viejuno (por tanto irrespetuoso) de “Generalidad”. ¿Qué necesidad hay de adoptar una óptica tan cerrada y retrógrada? ¿Qué concepto de responsabilidad hay en tales gobernantes pirómanos?

No se puede dar una respuesta analógica en una época digital. No se puede quedar inerte ante el crecimiento de un colectivo y la propagación de un discurso. No se puede ignorar la lógica capacidad de convocatoria de unos líderes políticos. No se puede ahorrar esfuerzos políticos propios esperando de brazos cruzados que la cuestión se solucione sola al recaer inevitablemente en manos de la Justicia, y acabe fatalmente en actuación policial en contra de cientos de miles de personas. Es una aberración, una salvajada que era de esperar, fruto de la mayor incompetencia.

Todos tenemos la culpa de haber elegido perfiles incendiarios y de bajo nivel entre nuestros representantes, por la razón que sea y que cada cual sabrá analizar al contemplar ahora las consecuencias.

Los catalanes que se sienten defraudados han de saber que ni Rajoy es España, ni su insuficiencia política está a la altura de la convivencia y del diálogo que la ciudadanía española siempre ha sabido avalar y desarrollar desde la inteligencia.

Se puede estar en desacuerdo con el PP, pero la forma de acabar con esa opción nefasta es ganarle en elecciones generales: ya se ha conseguido varias veces y Cataluña supo ser parte de la solución, compartiendo objetivo con el resto de España, donde se logró por las buenas y de forma legal quitar al PP del poder incluso en sus feudos.

Hacen falta hombres y mujeres de Estado, que estén a la altura de nuestra época. Recapacitemos y abramos el diálogo para retomar el cauce allí donde las cosas empezaron a quebrarse. Lo pide a gritos la inteligencia. Apartemos los términos innecesarios y las pasiones. Vayamos de la ley a la ley, pasando por la ley. Reformemos la Constitución hacia un federalismo moderno, reformemos las leyes colocándolas a la vanguardia, retomemos el Estatut con tolerancia, respetando las reglas del juego que nos hemos dado entre todos y que, en cada país, son la base indispensable de una vida y convivencia civilizada.