La semana pasada tuve que realizar una PCR para volver de España a Suiza. Así lo exigen las condiciones de entrada en el país helvético, donde estas pruebas para viajeros se hacen en numerosos centros públicos y privados, incluso en farmacias. Pero en mi querida Castilla y León rural, para muchas prestaciones básicas seguimos lejos de la civilización. Os lo cuento, porque es la ilustración “todo en uno” de un sistema mal gestionado.

Antes de mi viaje de ida, busqué por internet donde realizar la prueba con código QR para viajeros (pagándola, obviamente) en mi zona geográfica. He dado con listados de Galicia y otras comunidades autónomas, pero ninguno de la Junta de Castilla y León. Así que pregunté por escrito a la Consejería de Sanidad de esta administración regional los “centros en la provincia de Zamora que hagan PCR para viajeros” y la respuesta ha sido demoledora: primero me enviaron la base reguladora del registro de centros sanitarios (¡todavía no lloren de la risa!) y, al hacerles notar la confusión y volver a preguntarles, reconocieron que “no se dispone de la información solicitada”. Después de dos años de pandemia y con países de todo el mundo que exigen PCR incluso a los vacunados, la Junta de Castilla y León no sabe dónde se realizan estas pruebas para viajeros en su territorio, ni es capaz de informarse para orientar.

Ya en mi tierra zamorana, llamando al centro de salud pública comarcal, el profesional me recomendó inmediatamente una clínica privada a 85 kilómetros. Al cabo de una semana de llamadas y contactos escritos infructuosos en periodo de fin de año, la clínica acabó descolgando el teléfono y obtuve cita para la PCR dentro de las exigidas 72 horas previas al viaje de vuelta.

En la clínica, fiel a la típica organización made in Spain, tuve que rellenar tres impresos distintos con los mismos datos. Cobraron 125 euros y me tomaron la muestra, a la vez que me entregaron el código de mi prueba así como las instrucciones para descargar el resultado al día siguiente (un sábado), nada más recibiera un SMS. La enfermera me apuntó “por si acaso” el teléfono directo del laboratorio, ya que solamente está abierto durante dos horas.

No recibí el mencionado SMS. Eso sí, el sábado, me llamaron desde el laboratorio indicando que mi DNI no correspondía a ninguna referencia de Seguridad Social española. Les expliqué que, al residir en Suiza, estoy lógicamente asegurado en este otro país. Pero el sistema oficial en el que deben entrar los datos para la sanidad pública de Castilla y León (una región que sufre cada año la emigración de su población) no prevé que 2,5 millones de españoles residimos en el extranjero: así pues, no acepta mi DNI español. Quedamos en que les llamaría de nuevo a ese número después de buscar mi documento de identificación de Suiza… Durante una hora llamé en repetidas ocasiones al teléfono desde el que acababan de contactar conmigo, pero un contestador indicaba cada vez que lo intentara más tarde. También intenté con el teléfono directo que había apuntado “por si acaso” la enfermera, con igual resultado. Al final, a través de una central atendida por un robot conseguí dar con el laboratorio justo antes de la hora de su cierre.

En cuanto al acceso al resultado de la prueba, el SMS con el enlace no me llegó “por ser un teléfono móvil extranjero”, hipotetizó la colaboradora. Si es así, o bien soy el primer residente en el extranjero en hacerme una PCR en estos dos años en las clínicas del grupo, o bien no han sido capaces de ponerse a subsanar el fallo técnico. Al final, hicieron como Suiza y me pasaron el código QR de la PCR por e-mail, único dato que no me pidieron el día anterior en los tres impresos y que tuve que darles por teléfono.

La debilidad del sistema sanitario de Castilla y León me dejó literalmente tirado, regaló 125 euros a un grupo privado que se lucra realizando el trabajo en su lugar y me obligó a recorrer un total de 170 kilómetros para una PCR en plena pandemia de coronavirus, cuando saben hacerla en el centro público comarcal. Los que residen permanentemente en la región todavía tienen menos suerte y deben aguantar a diario la mediocridad de su pésima gestión pública, estancada desde 35 años en manos de un PP de Castilla y León que es la viva encarnación de la dejadez.